En Brasil, la dinámica de la deuda pública continúa deteriorándose. El saldo de la deuda del gobierno se situó en el 74,5% del PIB en enero de 2018. A finales de 2017, el nivel era del 74% del PIB, y del 70% un año antes. Este aumento de la deuda se produjo mientras que el saldo de la administración central sigue siendo muy deficitario. A pesar de una mejora observada en enero (el saldo de las cuentas públicas fue de superávit a lo largo del mes) y los esfuerzos de consolidación emprendidos por las autoridades desde 2016, el déficit público acumulado fue del 7,5% del PIB.
Se prevé que la situación continúe. El saldo primario sigue siendo deficitario y no parece que vaya a mejorar de inmediato, mientras que la actividad real está luchando por acelerarse. El crecimiento, de hecho, se ha moderado considerablemente desde el pico observado a inicios del 2017 (0,1% en el último trimestre de 2017 en comparación con el trimestre anterior, mientras que el ritmo era del 1,3% en el primer trimestre de 2017). Al mismo tiempo, las autoridades no han implementado las reformas que deberían permitir el saneamiento de las finanzas públicas. En particular, la reforma de las pensiones fue abandonada por el gobierno de Temer porque no pudo reunir los votos necesarios en el Parlamento. Todo esto tiene lugar en un contexto político tenso, donde crecen las incertidumbres con la cercanía de las elecciones previstas para octubre de 2018. La lentitud de las reformas y la falta de progreso en la reducción del déficit han llevado a la agencia de calificación S&P a bajar el rating de Brasil un escalón hasta el BB- el pasado mes de enero.
En total, sin reformas estructurales a gran escala, el estado de las finanzas públicas de Brasil seguirá estando degradado. Nuestras proyecciones apuntan a una deuda pública que aumentará al 84% en 2020. Si la amenaza inmediata de una crisis de deuda soberana es relativamente débil, el mayor riesgo será la evolución de las reformas en un contexto incierto: elecciones presidenciales, nombre y ubicación de la nueva Presidencia, etc. Una de las consecuencias sería el resurgimiento de la inflación, lo que nuevamente presionaría al banco central, que debería ajustar el tipo de referencia SELIC a niveles no favorables para la demanda interna.
Finalmente, en caso de crisis, creemos que el margen de maniobra de las autoridades será estrecho debido a la lentitud de la recuperación y la aceleración de la inflación. La única variable de ajuste serían los tipos de interés y el uso de un programa de compra de deuda sería una solución para mitigar las tensiones en el mercado de renta fija.
